VIOLENC

Evelyn Laura Ordaya (de 26 años) hizo todo lo que pudo para alejarse de Diego Lucana González. Según la fiscal provincial adjunta Leandra Bonifacio Gutiérrez, Evelyn cambió el número de su celular, alquiló una habitación para ella y sus hijos, y pidió a sus vecinos nunca abrirle la puerta a su expareja.

A lo largo de tres años de relación, Diego la había maltratado física y psicológicamente. Tras la separación, la joven madre y comerciante del mercado de La Parada vivió hostigada de manera frecuente.

Evelyn presentó una denuncia contra Diego por agresión física en septiembre de 2016, en la comisaría de San Cayetano, en El Agustino, de acuerdo al Sistema de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol).

La denuncia debió haber seguido un rápido camino hacia mecanismos legales que protejan a Evelyn. De acuerdo a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Ley 30364) la Policía tenía 24 horas para informar sobre el caso a un juzgado. Y este debía dictar medidas de protección a favor de la víctima en no más de 72 horas.

Evelyn debió haber estado bajo protección legal a más tardar cuatro días después de su denuncia. Sin embargo, esto no ocurrió así.

Más de un año después, la mañana del pasado martes 24 de octubre, Lucana González logró ingresar a la casa de Evelyn en el Cerro San Pedro, en El Agustino. Tuvieron una discusión y, según la Fiscalía, Diego la atacó diez veces con un cuchillo que tenía escondido. Evelyn no pudo siquiera defenderse. Murió a los pocos minutos.

“Las cosas no han cambiado”

La Ley 30364, aprobada en noviembre de 2015, obliga a las autoridades a centrarse en la protección a las víctimas. Diana Miloslavich, vocera la ONG de defensa de derechos de las mujeres Flora Tristán, señala que la norma “ayuda a garantizar el acceso a la víctima a una protección oportuna y a un acceso a la justicia rápida”.

Sin embargo, los feminicidios han aumentado desde la promulgación de la ley. De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en 2017 se han cometido 32% más feminicidios que en 2015. Desde enero hasta septiembre de este año se perpetraron 94 feminicidios en todo el país y las tentativas alcanzaron los 175 casos.

Solo este año, cada mes nueve mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas, y unas 19 se salvan de morir.

De acuerdo a Betty Olano, directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNVFS) del MIMP, una de las explicaciones del aumento tiene que ver con que ahora se identifica de manera correcta los delitos. “Antes, si había una tentativa [de feminicidio], el fiscal lo calificaba solo como delito de lesiones. Si ocurría el feminicidio, era tipificado como lesiones graves seguidas de muerte. Eso les bajaba automáticamente la pena. Ahora ya no tenemos tanta dificultad para que un fiscal penal califique correctamente el feminicidio”, señala Olano.

Olano recordó el emblemático caso de Zonia Apaza Ccahuana, quien fue rociada en gasolina y quemada viva por su expareja Wilfredo Serrano Condori en 2013. Luego de unos días de agonía en el Hospital Regional del Cusco, Zonia murió. El fiscal que llevó el caso acusó a Serrano Condori de muerte por lesiones graves y fue sentenciado a solo siete años de cárcel. La condena fue apelada y en un nuevo juicio, Serrano Condori recibió 25 años de cárcel. “Antes no había predisposición a decir: ‘Esto es un feminicidio’”, sostiene la funcionaria.

Miloslavich comentó que un factor importante para denunciar la violencia contra las mujeres es la visibilización de los casos. “El feminicidio y la violencia han entrado a la agenda mediática y esto es fundamental”.

El año pasado la marcha Ni Una Menos reunió a miles de personas a lo largo de 30 cuadras de las calles del Centro de Lima. La jornada se vivió además en Arequipa, Cusco, Trujillo y Juliaca, entre otras. Según las organizadoras, Ni Una Menos convocó a medio millón de personas en todo el país. La protesta masiva movilizó la indignación luego de que el Poder Judicial liberó a Adriano Pozo y a Ronny García, agresores de Arlette Contreras y Lady Guillén, respectivamente.

Este sábado 25 de noviembre, dos años después de la promulgación de la Ley que busca protegerlas, las mujeres peruanas volverán a protestar, esta vez bajo el lema “Las cosas no han cambiado”.

El freno presupuestario

“La nueva legislación es buena, pero su implementación es bastante lenta”, opina Diana Miloslavich. Para la especialista, la falta de recursos es el principal problema.

La abogada constitucionalista y especialista en temas de género Beatriz Ramírez contó que la norma fue promulgada y reglamentada sin un programa presupuestal especial para implementarla, a pesar de que tiene alcances sobre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Algunas cortes han logrado cumplir el plazo de las 72 horas, otras no. El Poder Judicial necesita recursos para contratar personal, nombrar jueces especializados con equipo en turnos de 24 horas, que puedan funcionar después de las 4:00 p.m. y los fines de semana”, detalló.

El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP recibió este año un presupuesto de S/.148’594,093 millones de soles, a comparación del 2016, que fue de S/.93’120,818 millones de soles. Hubo un incremento del 59% respecto al año anterior. El dinero es invertido principalmente en los 282 Centros de Emergencia Mujer que operan en todo el país y en la Línea 100.

Sin embargo, otras instancias enfrentan sus propios problemas de presupuesto.

“No hay fondos importantes para el Poder Judicial y el Ministerio Público para que afronten el problema de manera articulada. El Poder Judicial abrió un módulo de justicia en Lima Sur (Módulo Judicial Integral en Violencia de Género), pero no van a poder hacer otros para 2018 por falta de presupuesto”, apunta Miloslavich.

Para Beatriz Ramírez, la Ley necesita un programa presupuestal multisectorial en la que la asignación de recursos esté sujeta a indicadores de resultados. Este fondo debería fortalecer los servicios (Fiscalía, Juzgados de Familia y Centros de Emergencia Mujer), la protección (hogares de refugios temporales), la prevención (campañas contra la violencia) y la capacitación (Policía Nacional).

Este último punto es clave. De acuerdo al Ministerio de la Mujer, el 70% de las denuncias de violación contra la mujer se realizan en las comisarías. Sin embargo, en muchos casos la Policía omite enviar la denuncia al Juez de Familia o muestra desinterés en el trámite de la denuncia.

“La PNP en varios informes de supervisión muestra inconsistencias. La mayoría del personal de la comisaría ni siquiera sabe que existe la Ley 30364, pese a que trabajan con delitos e investigan feminicidios. Recién desde octubre los policías de la Región Policial Lima están recibiendo una capacitación”, dice Ramírez.

Y mientras el Estado peruano busca resolver sus falencias, la sociedad civil se prepara para la marcha de este sábado. “Lo importante es transmitir el mensaje de que estamos hartas de tanta violencia”, dijo a RPP Noticias Eva Machado, vocera del movimiento Ni Una Menos.

FUENTE http://rpp.pe/